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El Salvador aprueba ley para construir más cárceles, mientras el número de pandilleros capturados supera los 14 mil

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El martes, la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobó la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, como parte de las acciones que adelantan las autoridades salvadoreñas en la guerra contra las pandillas.

La normativa, propuesta por el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, recibió 64 votos a favor —de diputados aliados del presidente Nayib Bukele— de los 84 escaños que tiene el Congreso.

«A partir de hoy, el Gobierno tiene la autorización para poder trabajar y construir estos centros penitenciarios que van a alojar por años a esta gran cantidad de criminales que han sido detenidos en estos días», dijo el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, el partido de Bukele.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC) este miércoles, desde finales de marzo hasta ahora han sido capturados 14.068 supuestos pandilleros, sumando a 495 detenidos solo el martes, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara un régimen de excepción, que tiene a policías y a militares a la caza de estos presuntos delincuentes.

«Más de 14 mil terroristas fuera de nuestras calles, en solo 25 días. Seguimos…», escribió Bukele en su cuenta en Twitter.

En lugares remotos

«Combatir a las pandillas es un tema de país, que debería unirnos. No vamos a dar marcha atrás, los resultados en materia de seguridad son claros. La población está de acuerdo con los medidas que se están tomando», dijo Castro en la sesión parlamentaria del martes en la que se aprobó la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios.

La normativa establece las reglas para planificar, diseñar, construir y mantener «los centros penitenciarios que sean necesarios, en razón del incremento de la población privada de libertad».

De acuerdo con la ley, el Ministerio de Obras Pública (MOP) será la entidad encargada de la construcción de las nuevas cárceles y se contempla la posibilidad de establecer «convenios» con privados. Tanto la institución pública como las compañías involucradas contarán con exención del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios, así como otros que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos y accesorios o utensilios, entre otros.

Ese ministerio está facultado para declarar de utilidad pública los bienes y edificaciones donde prevé construir una prisión; asimismo, podrían realizarse expropiaciones.

El MOP coordinará lo pertinente con la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y este ente será el encargado de la operación de las prisiones.

Las nuevas cárceles deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Penitenciaria, que contempla que las prisiones tengan, además de las respectivas condiciones de seguridad, escuela, biblioteca y áreas de recreación para los internos.

El diputado Guevara dijo que estas prisiones serán construidas «en los lugares más alejados y remotos» para que «ya no puedan seguir dañando a los buenos salvadoreños».

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, se mostró satisfecho por la aprobación de la ley que, a su juicio, «va a venir a beneficiar» y a «poder agilizar los procesos de ejecución» de las obras.

«En una guerra lo que muchas veces no se tiene es tiempo y para esto necesitamos construir de una forma ágil e integrada», enfatizó, según cita una nota de prensa de su despacho.

¿Límites a la libertad de información?

Previo a la aprobación de esta normativa, a principios de abril la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Disposición y Utilización de los Bienes, Dineros, Valores y Activos Incautados a las Estructuras del Crimen Organizado, Terrorismo y Narcotráfico.

También se aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas. Respecto al Código Penal, se enmendó el artículo 345, quedando establecidas penas de 10 a 15 años de prisión para quien elabore «textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado» relacionados con las pandillas y también para quienes, por medio del uso de las tecnologías de la comunicación y la información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, «reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico a la población en general».

Esto ha generado que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la fundación Cristosal presenten una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al considerar que las enmiendas «criminalizan coberturas de prensa sobre pandillas»

Según señalan estas organizaciones en un comunicado de prensa, las reformas «hacen prohibiciones generales que violentan el derecho a la libertad de información de toda la población» y se «imponen límites absolutos a las libertades de expresión e información generándose censura previa».

«La prohibición de informar sobre diversos hechos públicos de relevancia, como la criminalidad cometida por pandillas, implica una mordaza al ejercicio del periodismo libre», dicen las organizaciones en el texto.

Ante ello, piden a esa sala de la CSJ decretar medidas cautelares y suspender las reformas. (RT Noticias)

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Mueren 46 migrantes en el estado de Texas

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Unas 46 personas que aparentemente eran migrantes, fueron halladas este lunes sin vida dentro de un camión cerca de San Antonio, Texas, en el suroeste de Estados Unidos.

Las autoridades informaron que otras 16 personas fueron rescatadas con vida, en distintas condiciones, y llevadas a hospitales de la ciudad. Doce de ellas adultos y cuatro niños.

El camión fue encontrado en una zona de poco tránsito, cerca de una vía de tren en el suroeste de San Antonio.

Varios equipos de emergencia llegaron al lugar después de recibir una llamada a las 5:51 pm hora local de una persona que pasaba por el lugar y revisó el camión tras verlo aparcado y con la puerta parcialmente abierta.

Indicaron que hay tres personas detenidas, aunque todavía no está clara su participación en la tragedia.

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Venezuela inhabilita 24 pistas aéreas usadas por grupos narcotraficantes colombianos

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  • Desde principios de año, Venezuela ha reforzado su presencia militar en la zona fronteriza con Colombia ante el incremento de la violencia de los grupos armados ilegales que operan en el país vecino.

Las autoridades militares venezolanas, informaron que fueron inutilizadas de manera simultánea 24 pistas de aterrizaje ilegales en el eje transfronterizo entre Venezuela y Colombia, que serían utilizadas para tránsito aéreo de grupos de narcotráfico.

En varios tuits, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez, afirmó que su país «lucha incansablemente contra el narcotráfico colombiano y sus tentáculos» y que la destrucción de las pistas fue realizada por 3.500 militares durante la Operación Relámpago del Catatumbo.

En uno de los videos colgados en la cuenta de Lárez se observa a un grupo de uniformados que inhabilitan una de estas pistas ubicadas en una zona rural del estado Trujillo, situado en el oeste del país y que colinda con el estado Zulia, fronterizo con Colombia.

Otra de las imágenes compartidas por el comandante se observan tres avionetas inutilizadas y unos paquetes con presunta cocaína que pertenecerían al grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (TANCOL, como los identifican las autoridades). «Inutilizaremos todas las pistas, instalaciones y aviones de estos narcoinvasores», escribió Lárez en un trino.

Como parte de estas operaciones militares en contra de organizaciones criminales colombianas que operan en la zona limítrofe con Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó la semana pasada que incautó un submarino que había sido utilizado para el tráfico de drogas.

Desde principios de año Venezuela ha reforzado su presencia militar en la zona fronteriza con Colombia, en medio de una ola de violencia por enfrentamientos entre grupos armados colombianos. Los primeros días de enero de este año fueron encontrados 27 cuerpos en la zona rural de los municipios colombianos de Fortul, Saravena y Arauquita, del departamento de Arauca, y en Cubará, departamento de Boyacá. (RT Noticias)

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Detectan a varios exempleados de la OTAN y otras organizaciones de seguridad trabajando en TikTok

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  • «En lugar de destruir TikTok, tal vez el estado de seguridad nacional de EE.UU. lo haya cooptado», señala el portal Mint Press.

Varios funcionarios y exfuncionarios de la OTAN han sido empleados en altos puestos de la red social de videos cortos TikTok desde el 2020, recoge el portal Mint Press.

Uno de ellos es Alexander Corbeil, quien dirige la política de contenido de TikTok en Canadá y, simultáneamente, es vicepresidente de la Asociación OTAN de Canadá. Previamente, trabajó en el grupo de expertos estadounidense SecDev Foundation. Allí, se especializaba en la seguridad de Medio Oriente y el rol de la alianza en la guerra de Siria.

El director de políticas de funciones de la red social, Greg Andersen, también trabajó hasta 2019 en la OTAN. Allí, se centró en «la guerra psicológica», asevera el portal, mostrando una captura de pantalla del perfil de Andersen en LinkedIn. Actualmente, el directivo de TikTok identifica su antiguo puesto dentro de la alianza como «investigador».

Por su parte, la gerente de Política de Producto Global de TikTok, Ayse Koçak, trabajó en la OTAN tres años antes de unirse a la plataforma en enero de 2021. En la alianza, se especializó en Medio Oriente e incluso pasó un año en Irak como representante civil del bloque.

Foard Copeland, gerente de Política de Confianza y Seguridad de la red social, también trabajó previamente en las estructuras de la alianza, así como en el Departamento de Estado de EE.UU. y el contratista estadounidense, Development Alternatives Incorporated. Durante su servicio, pasó mucho tiempo en Afganistán, indica Mint Press.

Entre tanto, el portal identificó entre altos funcionarios de TikTok a varios empleados también de otras entidades de seguridad occidentales. Así, el jefe global de Integridad y Autenticidad de la red social, Chris Roberts, fue director senior de Política Tecnológica en la consultoría de seguridad Albright Stonebridge Group, fundada por la exsecretaria de Estado de EE.UU., Madeleine Albright. Previamente, trabajó en el Instituto Nacional Democrático, caracterizado por el portal como «una red de grupos de fachada» de la CIA.

Además, la analista de amenazas para la División de Confianza y Seguridad de TikTok, Beau Patteson, trabajó en la CIA. Su colega del sección en la red social, Victoria McCullogh, anteriormente trabajaba para el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y la Casa Blanca. Christian Cardona, empleado también especializado en los ámbitos de confianza y seguridad de TikTok, pasó casi 13 años en el Departamento de Estado.

Amenaza de venta

En 2020, el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con cerrar la plataforma de origen chino en 45 días si no se vendía a un comprador estadounidense. Justificó la decisión por sus preocupaciones acerca de la seguridad de la plataforma. No obstante, a principios de 2021, su sucesor, Joe Biden, eliminó el requisito de venta. En un expediente judicial, indicó que se había iniciado una revisión de las preocupaciones referidas por Trump.

«Estudiar los antecedentes de docenas de empleados clave de TikTok desde el susto de 2020 sugiere que, en lugar de destruir TikTok, tal vez el estado de seguridad nacional de EE.UU. lo haya cooptado», señala Mint Press. (RT Noticias)

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