La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, al mantener vigente el precedente constitucional que ha estado en vigor por más de 150 años.

Con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, el máximo tribunal determinó que los niños nacidos en territorio estadounidense continúan adquiriendo automáticamente la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La medida impulsada por Trump, firmada el 20 de enero de 2025, durante su regreso a la Casa Blanca, pretendía negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas que permanecen en el país con visas temporales.

Sin embargo, los jueces consideraron que la orden ejecutiva contraviene la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que toda persona nacida o naturalizada en el país es ciudadana estadounidense.

La decisión representa un importante revés judicial para la administración de Trump, que defendía la iniciativa bajo el argumento de que el sistema actual permite que extranjeros se beneficien de manera indebida de las leyes migratorias del país.

Estados Unidos forma parte del reducido grupo de aproximadamente 30 países que reconocen el principio de ciudadanía por nacimiento (jus soli), otorgando la nacionalidad de forma automática a quienes nacen dentro de su territorio.

La reactivación del Plan Nacional de Aguacate representa un paso importante para fortalecer la producción nacional, reducir la dependencia de las importaciones y generar nuevas oportunidades de mercado para los productores hondureños.

La decisión fue anunciada tras una reunión entre representantes del sector aguacatero y autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), donde se abordaron estrategias para impulsar el desarrollo sostenible de este rubro en el país.Carlos Robleto, presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de Honduras (ASPAH), destacó que la reactivación del plan constituye un respaldo significativo para los agricultores nacionales.

“Gracias a la apertura del Gobierno, hoy nos llevamos la noticia de que se va a activar nuevamente el Plan Nacional de Aguacate. Es un apoyo muy importante para los productores y nos permitirá fortalecer la producción a nivel nacional”, expresó.

Actualmente, Honduras importa cerca del 95 % del aguacate que consume. Solo en lo que va del año, las compras en el extranjero han superado los 40 millones de libras, generando una salida de entre 12 y 15 millones de dólares anuales en divisas.

Los productores consideran que la reactivación de este plan permitirá incrementar la producción local, mejorar la competitividad del sector y reducir gradualmente la dependencia de mercados internacionales, beneficiando tanto a agricultores como a consumidores hondureños.

La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), concluyó una serie de aseguramientos de bienes en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, donde además se identificaron seis cuentas bancarias y un vehículo que no estaban contemplados inicialmente en la medida.

Entre los bienes asegurados figuran una sociedad mercantil dedicada al rubro de combustibles, viviendas, una lotificadora de terrenos, beneficios de café, fincas, vehículos y diversos productos financieros. Todas estas propiedades fueron puestas a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Las investigaciones relacionan estos activos con un ciudadano hondureño contra quien el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en mayo de 2025 y sobre quien pesa una alerta roja internacional. De acuerdo con las diligencias desarrolladas por la ATIC, el principal investigado mantiene presuntos nexos comerciales y financieros con Orlando Pinto Espino, señalado como uno de los líderes de la estructura criminal conocida como “Los Pinto”.

Las autoridades sostienen que el investigado y su núcleo familiar no han logrado justificar un patrimonio cercano a los 500 millones de lempiras.Asimismo, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) establece que el acusado habría movilizado más de 1,600 millones de lempiras a través del sistema financiero nacional, sin que se conozca el origen de una parte significativa de esos recursos.

En particular, se identificó una diferencia sin justificación superior a los 418 millones de lempiras.Según el Ministerio Público, los análisis patrimoniales, financieros y periciales realizados apuntan a que los fondos investigados tendrían un supuesto origen ilícito, por lo que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes.