Por los delitos de fraude continuado, el Tribunal de Sentencia Designado, declaró este día culpables a Rosa Elena Bonilla y Saúl Escobar (exsecretario privado), asimismo, por el delito de Apropiación Indebida Continuada a la exprimera dama. También, se programó la Audiencia de Determinación de la Pena para el próximo 28 de marzo.

El Ministerio Público acusa a los dos imputados por la supuesta comisión de ocho delitos de fraude, y una por apropiación indebida para Bonilla

Ambos ya habían sido sometidos a juicio oral y público en la que Rosa Elena Bonilla fue condenada a 58 años de prisión y 48 años para Saúl Escobar el 4 de septiembre de 2019 por el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción.

Cabe mencionar, que los acusados no quisieron dar declaraciones, porque no esperaban el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia Designado.

Foto: EH

 

 

En las últimas horas se celebró la audiencia inicial en el Juzgado de Talanga, contra la hija del exalcalde de ese municipio, Nancy Marina Avilés Santos, dónde se le dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas.

Avilés es acusada por la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), por la supuesta manipulación de actas en el marco de las elecciones generales de 2021.

También es también hija de Nancy Santos, esposa del ex edil talangueño, que junto a tres miembros de su familia son acusados de lavar más de 367 millones de lempiras con dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Las investigaciones de la Fiscalía General indican que hubo interés de la joven encausada de favorecer en las urnas a varios candidatos a diputados del Partido Nacional.

Según el Ministerio Público, Marina Avilés, favoreció específicamente al candidato a diputado Pedro Chávez, que llevaba como diputada suplente a su madre, Nancy Avilés, en la casilla 277 del Partido Nacional, por el departamento de Francisco Morazán.

Marina Avilés López, se desempeñó como secretaria de la Junta Receptora de Votos (JRV) en una urna de la Escuela José Arturo Duarte, en el municipio de Talanga. Ahí se habrían cometido varios delitos electorales y por eso es que se ha girado una orden de captura. (LT)

 

 

Tegucigalpa. El Ministerio Público ejecutó este día la captura del excapitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana, a quién se le ha presentado requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economia del estado de Honduras, junto a Jennifer Lizzeth Bonilla (esposa) y Reina Lizeth Bonilla (suegra).

De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE,

Del mismo modo, Rodriguez Orellana participó en decomisos de vehiculos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA.

Así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas, luego que ésta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo éste dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.

Posteriormente, al realizar el análisis financiero, se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de Lempiras y en salarios netos 813 mil 918 Lempiras. Sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de Lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.

Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado. ( Fuente MP)